El Gobierno quita credibilidad a la Policía ante los radicales: los atestados tienen que ser «razonables»

El Gobierno, de la mano de ERC y Bildu, sigue adelante con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Una reforma quieren tener aprobada cuanto antes y que genera preocupación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además de la indignación por varios puntos polémicos, como dejar sin sanción las manifestaciones no autorizadas o despenalizar aquellas que tengan lugar ante el Congreso de los Diputados, algunos artículos entran a cuestionar directamente su credibilidad. Por ejemplo, el que hace referencia al «valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad».

La enmienda acordada por los grupos incluye un matiz al texto actual. Así, se precisa que, en los procedimientos sancionadores en los que los agentes hayan presenciado los hechos, las denuncias, atestados o actas constituirán base suficiente para la resolución que proceda, «siempre que la exposición de los hechos consignados resulten coherentes, lógicos y razonables (sic)».

Este artículo se suma a otros que han provocado un fuerte rechazo en el colectivo policial, como el que permite la grabación o difusión de imágenes de los agentes en la calle o durante manifestaciones. La nueva ley sólo impondrá sanción cuando los datos de estos funcionarios suponga un «constatable» peligro para su seguridad y la de sus familias o para la operación. Además, se obliga a que ese riesgo o peligro se «refleje motivadamente».

Novedades

Entre las novedades más importantes acordadas esta semana destaca además que los agentes deberán recibir formación sobre «mediación y empleo de métodos adecuados como vía alternativa de solución de conflictos». Así, se indica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «dispondrán de planes y modelos de mediación policial para su actuación en la resolución de conflictos, debiendo contemplar la mediación como estándar de trabajo ante la ciudadanía».

Otros puntos afectan directamente a su labor, como que no será necesario comunicar manifestaciones en casos de «un hecho imprevisto». «Las autoridades velarán por el respeto al libre ejercicio del derecho de reunión, manifestación y libre expresión de las personas en el espacio público» y «la carencia de trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación», se precisa.

Los nuevos artículos pactados establecen también que «las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humano». Asimismo, se obliga a los agentes a avisar de esas medidas de intervención «de manera verbal claramente audible» y «con indicación expresa del plazo previo, que deberá ser suficiente antes de la adopción efectiva de las mismas».

Hace unas semanas, el Gobierno y sus socios ya acordaron nuevas enmiendas que, entre otros puntos, incluyen modificaciones para la identificación de las personas por parte de la Policía. Así, se obliga a los agentes a tener «sospechas razonables» para poder obligar a una persona a identificarse con el fin de indagar o prevenir delitos. Esa «sospecha razonable» responderá, se indica, al «comportamiento individual de la persona o a la información o circunstancias objetivas». Asimismo, se obliga a los agentes a «identificarse debidamente ante los ciudadanos» y a «respetar estrictamente los principios de identidad sexual y/o género y lengua», además de los antes mencionados. Se precisa, además, que «el incumplimiento de estos principios será considerado como infracción disciplinaria en los términos establecidos en la legislación aplicable».

Entre otros puntos, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana también supondrá dejar sin castigo las manifestaciones frente a la sede del Congreso, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aun cuando suponga una «perturbación grave de la seguridad ciudadana» y siempre y cuando no constituya infracción penal.

Tampoco se sancionará a los menores de edad que provoquen desórdenes públicos y se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, de forma que quien perciba unos ingresos de hasta 1,5 veces el salario Mínimo Interprofesional, tendrá una reducción en las sanciones del 50%. También se suprimen las infracciones por perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos, de forma que sólo se castigarán en el caso de actos públicos y solemnidades. Los grupos retomaron el pasado diciembre la negociación de esta reforma, que habrá de superar aún los desencuentros entre los socios en varios asuntos, como el uso de material antidisturbios.